Editorial sobre la situación del Movimiento San Isidro

Imagen tomada de la página de Facebook del Movimiento San Isidro

Compartimos el reclamo de instituciones, colectivos y personas que se han posicionado en redes sociales durante estos días, para que el gobierno cubano responda a la situación del Movimiento San Isidro desde otra posición que no sea la intransigencia y la violencia.

La información alrededor de lo que sucede en San Isidro es dispersa y ha circulado solo en perfiles personales y medios no oficiales y extranjeros. Como es habitual, los medios de comunicación estatales no se han pronunciado, favoreciendo la incertidumbre y el desconocimiento sobre un tema que cuestiona directamente la manera en que el Estado cubano dirime escenarios políticos que le son conflictivos.

No compartimos, de ninguna manera, la perspectiva política expresada por Denis Solís -cuyo injusto proceso judicial, está entre los detonantes de la protesta del MSI- que suscribe a Trump como su presidente. Rechazamos además el discurso homofóbico y misógino de Solís en el video sobre el momento por el que luego fue juzgado. Son elementos que no podemos pasar por alto y que no son menores para nosotres, porque en la idea de país que enarbola Denis en su video, las personas LGBTIQ+ e incluso las mujeres seguimos siendo inferiores y excluidas.

No obstante, cada ciudadane tiene derecho a recibir, al menos, un proceso judicial como establece la ley, y también debería tener acceso a mecanismos para interpelar tanto ese proceso como la propia ley por la que se rige. El MSI ha protestado pacíficamente y la respuesta ha sido la de una estructura que les violenta, que no escucha sus reclamos ni empatiza con el riesgo de muerte que ahora mismo enfrentan seis ciudadanes cubanes.

No conocemos personalmente a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Esteban Rodríguez, Oscar Casanella, Ileana Hernández, ni a Katherine Bisquet, podría ser que no coincidamos demasiado en nuestra manera de pensar, pero todes conformamos juntes una sociedad que es heterogénea.

El Estado no solo debe reconocer esta diversidad, sino que tiene la obligación de crear y garantizar un contexto legal en que pueda existir y expresarse. La disidencia de pensamiento no puede ser percibida como una amenaza a la construcción de nuestro proyecto social, sino como el escenario necesario para generar mejores realidades desde el diálogo, la participación, el respeto de los derechos humanos y la protección de los grupos marginados de la sociedad.

Ojalá la voluntad para dialogar finalmente le gane a la soberbia.