Las dudas sobre la inclusión de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el nuevo Código de Familia, la posibilidad de que una mayoría prejuiciada hacia la diversidad sexual se oponga a cualquier avance en este sentido y la decisión del Estado de someter los derechos de una parte de la población a votación, estuvieron entre los temas más recurrentes este martes en el taller sobre familias, derechos y activismo que celebra esta semana el proyecto Afroatenas en Matanzas.
Constitucionalmente, sería insostenible que existiera un trato diferenciado hacia las familias homoafectivas en el nuevo Código de Familia, aseguró el jurista Adiel García durante su conferencia “Familias y garantías a los derechos en la nueva Constitución de la República”.
En un escenario donde no se aseguraran los derechos para todas las personas por igual, aseguró que no habría forma de resolver la contradicción con los artículos, 41, 42 y 81 sobre el derecho a fundar una familia y alertó que tendríamos que buscar maneras de controlar la constitucionalidad de una ley que viola el principio de no discriminación.
Una de las alarmas es que en nuestro país, donde ese control lo realiza la Asamblea Nacional del Poder Popular a través de la comisión de asuntos constitucionales y jurídicos antes de que se promulgue una ley, falta por establecer un mecanismo de denuncia posterior a la aprobación de cualquier norma, reglamento, decreto, decreto ley o resolución de una entidad, entre otras.
Necesitamos un mecanismo “que permita denunciar por ejemplo que un procedimiento impide accedamos a métodos de reproducción asistida o que una norma interna de cualquier administración como por ejemplo educación, viola derechos que están contenidos dentro del texto constitucional”, aseguró.
Explicó que ese propio mecanismo sería un medio de defensa para exigir el cumplimiento del texto constitucional pero también para asegurar la legalidad y la supremacía de la Carta Magna sobre el resto de las normas, pues todo aquello que se le oponga no debe ser de aplicación.
Al decir del jurista, en el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana tiene que haber una coherencia y una relación sistémica donde la Constitución esté en primer lugar, donde ninguna ley o cuerpo normativo por debajo contradiga o vulnere alguno de los derechos que esta contiene.
La conferencia del especialista formó parte del panel “Constitución y Familias” en el que se incluyeron además las ponencias “Incidencia del principio de socioafectividad en las distintas tipologías de familias en Cuba” y “Familia homoafectiva: Bases y proyecciones en Cuba”, de las licenciadas Iris M. Méndez Trujillo y Lisandra Suárez Fernández respectivamente.
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