El próximo vencimiento de los dos años establecidos por la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución proclamada el 10 de abril de 2019 para la actualización del Código de las Familias ha exacerbado las ansiedades de les activistas y personas LGBTIQ+ en general, quienes nos hemos enfrentado no solo a la interpretación imprecisa de dicha disposición, sino también a la escasez de información concreta que debió ofrecer la Asamblea sobre la renovación del Código.
La probabilidad de que este proceso se dilatara en relación a la pandemia de COVID-19 también ha añadido incertidumbres que no fueron aplacadas cuando la Asamblea dio a conocer el cronograma legislativo para el período 2021-2022 en diciembre del pasado año.
En ese momento el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, explicó que “La política está aprobada y se avanza en la elaboración del anteproyecto de la nor- ma, ‘pero se requiere de un mayor tiempo para profundizar en conceptos e instituciones jurídicas que permitan dotarnos de un código imprescindible en el contexto actual y acorde con la perspectiva de la sociedad cubana’”, según informó Cubadebate.
La misma nota del medio aseguró que, según Silvera Martínez, la Asamblea aprobaría una comisión que ampliara el proceso de estudio y de consulta, sin especificar el tiempo requerido para ese proceso que se realizaba, aunque resulte increíble, “en cumplimiento” de la Disposición Transitoria.
Este contexto de imprecisiones y ambigüedades dificultó la proyección de iniciativas de les activistas a favor de un Código inclusivo, en este caso en redes sociales, el espacio al que limita la pandemia. Sin embargo, en este tiempo les activistas han utilizado los recursos a su alcance para exigir que se construya un Código inclusivo.
En el mes de enero la página de Facebook Dame la mano comenzó a publicar una serie de ilustraciones e infografías con el título El mismo amor, los mismos derechos. En su lanzamiento explicaron que “llevar a referendo derechos, en este caso de una minoría históricamente marginada, es discriminatorio e inconstitucional, pues viola el principio de igualdad recogido en el artículo 42 de dicha Carta Magna”.
EntreDiversidades Cuba, que se describe como una plataforma para debatir sobre sexualidad, juventud y prevención de las ITS/VIH/sida, el 10 de febrero presentó la campaña Sí, acepto, “una experiencia que en otros países ha sido la voz de quienes exigen el matrimonio igualitario”, pero que en este caso propone hablar además “de todo lo que necesitamos para lograr una #CubaInclusiva”, según explicaron en sus redes sociales.
El equipo de la campaña enfatizó en artículos de la Constitución como el 7, alegando que es una de las fortalezas en el respaldo de un Código que de no ser inclusivo, sería inconstitucional. Entre sus contenidos estuvieron un marco de perfil en Facebook y reflexiones de figuras públicas como el activista Alberto Roque, Mariela Castro Espín y el periodista Abdiel Bermúdez.
El 19 de marzo, el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) de Cuba, que reúne a juventudes estudiantiles diversas y comprometidas con la sociedad y la iglesia cubanas, según explica en su página de Facebook, lanzó la iniciativa +amor +derechos compuesta por productos comunicativos que incluyeron un marco de perfil, información sobre la Constitución y mensajes de inclusión sobre las personas LGBTIQ+.
En su publicación de lanzamiento explicaron que esta campaña partía de la necesidad de “contar con propuestas legislativas que amplíen los derechos de todas las personas y contribuyan a transformar prejuicios existentes en la sociedad cubana” y que con ella se suman “a la lucha por el matrimonio igualitario en Cuba y un Código de las Familias plural e inclusivo”.
Por su parte, AfroAtenas y el proyecto Matanzas Ciudad Inclusiva iniciaron el 10 de marzo una nueva etapa de la campaña Todos los derechos para todas las personas con el propósito de “sumar voces de diferentes sectores de la sociedad cubana que defienden el derecho constitucional de las personas a fundar una familia, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género”, informaron en conferencia de prensa virtual.
En esta ocasión publicaron una serie de audiovisuales donde personalidades como el diputado de la ANPP Odén Marichal, los músicos Ethiel Failde y Tony Ávila, y la actriz Miriam Muñoz, respaldaron un Código de las Familias inclusivo, mencionando la adopción homoafectiva y el acceso a la reproducción asistida entre las demandas concretas además del matrimonio igualitario.
La primera información oficial que recibimos este año sobre el Código llegó el 23 de marzo, cuando en el sitio web de la Asamblea se publicó una nota que anunciaba la aprobación de la propuesta de integrantes de la Comisión que presentará el anteproyecto del Código de las Familias a la Asamblea Nacional del Poder Popular, “de conformidad con la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución”.
Aunque la nota asegura que dicha Comisión estará integrada por diputades, representantes de organizaciones de masas y sociales, especialistas y profesorxs expertes en estos temas, y que “dará continuidad a la labor que se ha desarrollado durante cerca de dos años en diferentes versiones del referido anteproyecto”, no refiere exactamente las personas que la integran ni ofrece ningún dato sobre el cronograma del proceso de actualización.
Finalmente, nos recuerda que tal como se expresó en la sesión de diciembre de 2019, “la Comisión ampliará el proceso de estudios y de consulta realizados para hacer efectiva la preceptiva constitucional”.
Ante estas ambigüedades las personas LGBTIQ+ demandaron en redes sociales que se divulgaran les integrantes de la Comisión encargada de presentar el anteproyecto de Código de las Familias a la Asamblea, así como el tiempo de que disponen para ello, sin respuesta hasta el momento.
La escasa información sobre del proceso de actualización del Código de las Familias a dos años de proclamada la nueva Constitución es inadmisible, y definitivamente entorpece la proyección de iniciativas de los diferentes colectivos y personas que sabemos que este es un momento crucial en los esfuerzos por el reconocimiento y garantía de nuestros derechos. Esta situación hace imprescindible que demandemos información y transparencia por parte de la Asamblea.
Un elemento importante es que ninguna de las iniciativas mencionadas proviene de instituciones estatales, en un contexto en el que urge que estas instancias con más accesos y por tanto mayores probabilidades de impacto se comprometan en acciones que reflejen de modo más contundente la voluntad del gobierno cubano de garantizar nuestros derechos y educar a la población en ellos.
Q de Cuir 
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