Ilustración por Brady Izquierdo
En 2018, como parte del proceso de aprobación de un nuevo texto constitucional, el gobierno cubano abrió las puertas a la posibilidad del matrimonio igualitario. Con ello, preparó el caldo de cultivo para el complejo ecosistema sociopolítico que se desarrollaría luego durante la consulta popular a la que se ha sometido el nuevo Código de las Familias antes de ser aprobado, o no, en referendo.
En aquel entonces, el artículo 68 del proyecto constitucional, que proponía definir el matrimonio como “la unión concertada entre dos personas” y no como “entre un hombre y una mujer”, centró la atención de varios grupos sociales a favor y en contra de la propuesta. Según informaciones oficiales publicadas por el sitio web Cubadebate, dicho artículo fue mencionado en el 66% de las reuniones y las opiniones emitidas al respecto representa- ron el 24,57% de las propuestas realizadas, el 11,27% de las intervenciones y el 2,15% de las personas que participaron.[1] En ese mismo texto se alega que “la mayoría” propuso dejarlo como estaba en la Constitución anterior, sin embargo, no se contabilizaron las opiniones favorables ni se dijo a cuánto equivalía esa “mayoría”.
En conclusión, la Asamblea Nacional decidió retirar dicho artículo y posponer el debate para el nuevo Código de las Familias. Quedó decretado en la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Constitución de la República, aprobada en referendo en 2019, que dice: “Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.”[2]
Tres años después y durante la consulta popular del Código, el escenario político se complejizó -en un sentido más amplio que el que abarca este artículo-, aunque se pueden distinguir varias posiciones respecto a los derechos que podrían quedar consagrados de aprobarse dicha legislación. Por un lado, están los grupos que se oponen a la inclusión en el texto de derechos básicos que favorecen a la comunidad LGBTIQ+ u otros temas, como la violencia de género, o que se oponen a la aprobación de la nueva ley en general, ya sea por motivos religiosos, políticos o por prejuicios.
De estas agrupaciones, la más mediática, al menos desde los medios alternativos y en redes sociales, y también una de las más activas en las reuniones efectuadas, es la que se opone a la inserción en la legislación de estos derechos, mayormente por motivos religiosos. Su composición es heterogénea y va desde las denominaciones que pertenecen a la Alianza Evangélica de Cuba y otras iglesias protestantes hasta la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, las cuales ejercen influencia no solo entre sus adeptos, sino que también conectan con otros sectores poblacionales a través de los prejuicios y estereotipos arraigados en la sociedad.
Dichos grupos cristianos conservadores provocan pánico moral para promover una agenda marcadamente antiderechos, de alcance global. En nuestro país han logrado incidir exitosamente a través de la presión política en varios temas. Por ejemplo, desplegaron numerosas campañas en contra del matrimonio igualitario y la propuesta del mencionado artículo 68 durante la consulta popular para el referendo constitucional, influyendo en su eliminación del texto final de la Carta Magna, y que se decidiera someter al nuevo Código de las Familias a consulta popular y referendo aprobatorio.
En mayo del 2021, una coalición de las principales denominaciones cristianas protestantes conservadoras -bajo el disfraz de una propuesta secular- lanzó la Campaña Nacional A la escuela, pero sin ideología de género. La iniciativa consiguió recoger 140 mil firmas para revocar la Resolución 16/2021 del Ministerio de Educación [3], en la que se aprobó el Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Nacional de Educación, logrando el aplazamiento de su implementación, “hasta que estén creadas las condiciones”, [4] aunque no su revocación. El 1ro de abril de este año, en medio del proceso de consulta, consiguieron incluso un espacio en el programa televisivo Palabra Precisa que se transmite en horario estelar por el canal Cubavisión. [5] El gobierno cubano, sin embargo, no ha reconocido públicamente -ni lo hará- el peso que dichas presiones han tenido en estas decisiones.
Durante las consultas a la población sobre el anteproyecto de Código de las Familias, iniciadas el 15 de septiembre del 2021, para las que se habilitaron dos direcciones de correo electrónico en diferentes momentos, estos grupos religiosos presentaron sus propuestas e iniciaron una nueva cruzada. A la escuela, pero sin ideología de género, por ejemplo, ha circulado varios textos entre sus simpatizantes proponiendo modificaciones a cada versión del Anteproyecto. Las propuestas se enfocan en los artículos referentes a la no discriminación por motivos de género, orientación sexual e identidad de género y violencia de género en el ámbito familiar, la filiación adoptiva, la reproducción asistida, la gestación solidaria, la responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. El objetivo es incidir a su favor en los resultados de la consulta popular. Constituyen probablemente el grupo mayoritario que votaría en contra del Código en el referendo, de no lograr el objetivo que persiguen, aunque no es el único.
Otro grupo a tener en cuenta es el que votaría “No” por razones políticas como un modo de boicotear al gobier- no al negarse a legitimarlo votando “Sí”. Los argumentos que esgrimen son disímiles. Una parte arguye que primero debe lograrse la “libertad del pueblo cubano” y que ya luego se podrá luchar por otros derechos. Unos, con un fuerte ideario neoconservador, alegan que las luchas feministas y por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ forman parte de lo que llaman “marxismo cultural” y, por tanto, aprobar el nuevo Código iría en contra de sus convicciones. Otros darían el “No” sencillamente como voto de castigo hacia el gobierno sin necesidad de un motivo específico.
Al otro lado de este escenario sociopolítico, están los grupos de activistas feministas y sexo-género disidentes, que ven en el nuevo Código la oportunidad de garantizar derechos por los que han luchado durante años; y el propio gobierno, que busca utilizar el proceso al que está siendo sometido el Código y los derechos que en él se consagran para presentarse como inclusivo, democrático y progresista, mientras aprobó en silencio un Código Penal que criminaliza casi cualquier disenso y que recrudece muchas de las penas a aplicar.
Ejemplos sobre el afán instrumentalizador del gobierno cubano sobre todo el proceso hay muchos. El “lavado rosa” comenzó desde el nombramiento de los miembros de la comisión redactora del Código, cuando el Presidente Miguel Díaz-Canel justificó en una reunión con la mencionada comisión el que se llevara a referendo esta norma legal “por su trascendencia, porque son temas con una concepción muy amplia, que abarcan a toda nuestra sociedad; no estamos hablando solo de matrimonio igualitario, es mucho más” [6], a pesar de que incluso en la transitoria decimoprimera de la Constitución queda claro que el motivo principal fue el debate sobre el matrimonio igualitario. Desde entonces, se han sucedido las declaraciones de funcionarios en los que se usa el proceso de consulta popular y referendo por el Código para presentar al sistema cubano como democrático.
Quizás la más notoria fue hecha, nuevamente, por el Presidente Miguel Díaz-Canel en el Octavo Período de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 22 de diciembre de 2021, en la que dijo: “Nos tildan de tiranía o dictadura, pero es en Cuba donde se somete a consulta popular y a referendo aprobatorio con fuerza vinculante un proyecto de ley de la magnitud y el alcance del Código de las Familias, inclusivo, que reconoce la pluralidad de las familias y ampara los derechos de todas y todos en el ámbito familiar, un Código posible en democracia y que afianza nuestra voluntad de promover, reconocer y proteger los derechos humanos y la diversidad.”[7]
Para afirmar esto, desde que comenzaron las consultas populares, el gobierno ha movilizado todo su arsenal mediático, ha realizado conversatorios y capacitaciones sobre el Código en varios centros laborales y educativos, e incluso realizó una Audiencia Parlamentaria sobre el tema el pasado 8 de marzo. Sin embargo, de entre las 70 normas que se modificarán como parte del proceso de actualización jurídica con la nueva Constitución, el Código de las Familias es la única que será sometida a referendo.
En medio de este ecosistema político están los activistas por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, enfrentando lo mejor que pueden todas estas posiciones y luchando por sus derechos sin que se les reconozca su trabajo en su justa medida. Tanto la oposición como el gobierno se niegan a reconocer que las presiones y el trabajo de los activismos es lo que ha puesto en el Código el matrimonio igualitario y otros derechos. Ese mismo trabajo es lo que ha mantenido esos derechos en el texto del Proyecto de Ley que fue sometido a consulta popular. Su labor, sin embargo, no ha estado exenta de dificultades y amenazas, más allá de los problemas organizativos y de recursos.
Existe una división casi histórica entre activistas “oficialistas” e “independientes”. Dicho fraccionamiento influye, sobre todo, en los modos de accionar y en los posicionamientos de cada grupo, pero también en el tratamiento que les da el gobierno. Mientras los activistas pertenecientes a redes adscritas a instituciones estatales han tenido espacios de diálogo para exponer sus preocupaciones en torno al Código, al activismo independiente no solo se le ha negado -casi en absoluto- esta posibilidad, sino que ha sido criminalizado y lo han intentado controlar. Aunque, para hacer justicia, se intenta controlar a todo el activismo. Las maneras de desmovilizar han sido diversas, unas más sutiles que otras. En reunión efectuada en octubre del 2021 en el Palacio de la Revolución,[8] por ejemplo, el Presidente Miguel Díaz-Canel aseguró a activistas de las redes del Cenesex que la población sexo-género disidente cuenta con la voluntad política del gobierno. Sin embargo, en ese momento, el Estado no podía asegurar que todos sus derechos serían incluidos en las nuevas legislaciones. De hecho, durante las consultas especializadas, solicitaron ayuda a los activismos para incrementar el número de correos electrónicos favorables al Anteproyecto en su versión 22. El número de opiniones favorables al texto logró alcanzar así el 55%.[9]
Por otra parte, anticipando una posible reacción de descontento de grupos de activismo, el gobierno ha comenzado a introducir la idea de que habría que dar el “Sí” en el referendo porque incluye los derechos de otros grupos que también los necesitan, como las víctimas de violencia de género o las personas en situación de discapacidad, aun si, como parte del proceso de consultas, se eliminan algunos derechos de la ciudadanía LGBTIQ+. En ese sentido, consideran que las posibles protestas desde los activismos LGBTIQ+ en caso de eliminación de derechos en el nuevo Código de las Familias contribuirían a “fragmentar la unidad nacional”, y que ellas serían reprochables, cuando no condenables. Varios activistas se han hecho eco de este pensamiento, que también fue expuesto por la Reverenda Ofelia Miriam Ortega Suárez, miembro de la Comisión Redactora del Código de las Familias, en un conversatorio con activistas independientes el pasado 26 de noviembre del 2021.[9]
Durante el mencionado conversatorio, la reverenda aseguró: “Yo no sé cómo vamos a ir paso a paso para tratar de incluir todo lo que podamos, para la inclusión, que es lo que se quiere hacer en el Código, pero sin crear una serie de divisiones que pueda traer una catástrofe no solo para el Código, sino también una catástrofe para la unidad del pueblo cubano. Por eso yo siempre insisto en que hay que recono- cer todos los valores del Código, aunque sabemos que falta todavía. Estoy de acuerdo en que todavía falta. No sé si todo eso se pueda incluir. […] Pero ¿cómo lograr realmente ser tan inclusivo que no lleve a una división total y completa de la población cubana en partes, en fragmentos? Y tenemos que preocuparnos por eso. ¿Cómo ir caminando paso a paso sin crear divisiones trágicas que impliquen una confrontación que lleve a situaciones más complicadas? […] ¿Cómo llegamos a todo eso sin crear tantas divisiones que el Código se rompa en pedazos y todos los valores que hemos incluido sean desaprobados por la población? El asunto es bastante serio y ustedes tienen que acompañarnos en esa búsqueda de la unidad del pueblo cubano.”[9]
A pesar de todo, los grupos de activismo por los derechos LGBTIQ+ trabajan, se organizan y toman las calles. Se ha logrado vencer en parte la falta de unidad en torno a objetivos comunes, al menos dentro del activismo independiente. Durante las consultas especializadas, por ejemplo, se enviaron dos cartas a la Asamblea Nacional con propuestas al anteproyecto de ley. Una de ellas fue promovida por el colectivo Dame la Mano y fue firmada individualmente por varios activistas. La otra propuesta fue suscrita por grupos como Plataforma 11M, Proyecto AfroAtenas, la Campaña Ahora Sí, el medio Tremenda Nota, Dame la Mano, el Centro Social y Biblioteca Libertaria ABRA y Alianza Afro-Cubana.
En ambos documentos se exigió mantener en el texto de la legislación, en cualquier circunstancia, el matrimonio igualitario, las uniones de hecho, la adopción, la reproducción asistida y la gestación solidaria, derechos todos que les serían concedidos por primera vez a las personas sexo-género disidentes en Cuba. Varios grupos y activistas adscritos a instituciones del estado fueron convocados en ambos casos. Ninguno se sumó. La respuesta de algunos fue que ya habían enviado sus propuestas a través de las instituciones a las que pertenecían.
Según el reporte sobre las consultas populares, del 26 de abril del 2022, luego de realizado el 100% de las reuniones previstas, el 61% de las casi de 400 mil propuestas favorecen al Código.[10] Falta por ver cómo quedará después de las consultas el Proyecto de Ley y cuál será el resultado del referendo probatorio. Según el Ministro de Justicia, aunque se modificó casi el 48% del contenido del Código, no se ha eliminado ningún derecho «porque de hacerlo vulnerarían principios del texto constitucional como la igualdad, la no discriminación, el respeto al valor supremo de la dignidad humana y otros», [11] algo que los activistas por los derechos LGBTIQ+ han estado advirtiendo desde 2019.
En el escenario actual, cualquier desenlace en relación con el Proyecto del Código encontrará resistencias en algún sector de los que se mencionan en este artículo. Tanto si se reconocen los derechos de las personas LGBTIQ+, teniendo en cuenta que las iglesias anti-derechos han amenazado con tomar el espacio público si no se responde a sus demandas, como si no se reconocen, en cuyo caso no quedaría más remedio para la ciudadanía sexo-género disidente que resistirse contra el referendo de un documento discriminatorio. Para quienes forman parte de lo que se conoce tradicionalmente como la disidencia política o la oposición al gobierno, ningún escenario que legitime el poder regulatorio de este último es aceptable.
Para el gobierno ahora mismo no debería haber más salida que consagrar los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo que es evidente, es que en medio de estas pugnas políticas, los derechos de la comunidad LGBTIQ+ siguen siendo rehenes tanto del neoconservadurismo y como del lavado rosa estatal.
- Presentan a los diputados resultados de la consulta popular del Proyecto de Constitución. Cubadebate. 18 diciembre, 2018.
- Disposición Transitoria Décimoprimera, Constitución de la República de Cuba.
- “A la escuela, pero sin ideología de género” recoge 140.000 firmas en Cuba. Evangélico Digital. 7 de septiembre, 2021.
- El Ministerio de Educación aplaza la aplicación de la resolución 16, del 26 de febrero de 2021. Sitio web del Ministerio de Educación. 14 de septiembre, 2021
- Programa Palabra Precisa. Canal Caribe en Facebook. 1 de abril, 2022.
- Un Código de las Familias que se parezca a Cuba. Sitio web de la Presidencia y el Gobierno de Cuba. 20 de mayo, 2021.
- Discurso en la clausura del Octavo Periodo de Sesiones de la IX Legislatura de la ANPP. Sitio web de la Presidencia y el Gobierno de Cuba. 22 de diciembre, 2021.
- Sí es histórico: Encuentro de Díaz-Canel con representantes de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba. Cubadebate. 8 de octubre, 2021.
- EntreDiversidades. Código de las Familias: Código de la Inclusión. Conversatorio con la Rev. Miriam Ofelia Ortega Suárez. 27 de noviembre, 2021.
- Sesiona IV Pleno del Comité Central del Partido. Cubadebate. 26 de abril, 2022.
- Código de las Familias: Una ley digna y construida por los cubanos. Cubadebate. 6 de junio, 2022.
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